Como una “operación criminal” con “corrupción judicial” incluida, que involucra a abogados y funcionarios judiciales, dentro de los cuales dos jueces y un Fiscal se encuentran capturados e imputados, calificó la familia Acosta Bendek las decisiones que han sido proferidas en contra de integrantes de esta y en detrimento de la Universidad Metropolitana y el Hospital Universitario Metropolitano.

El pronunciamiento lo hicieron en desarrollo de una rueda de prensa virtual en la que, igualmente, pidieron todo el rigor de la justicia contra “los determinadores del saqueo a la Universidad Metropolitana y que son los directamente beneficiarios de los cuestionados fallos judiciales”.

En concreto, el apoderado de Unimetro, Alejandro Arcila, aseguró que el directo beneficiario “con esas decisiones abiertamente irregulares” es Carlos Jaller Raad y el grupo que le acompaña en ese propósito.

Expresó que el daño patrimonial causado a la Universidad “es inconmensurable, grandísimo”, pero advirtió que lo más grave de ello y al gran legado que tienen tanto la Universidad como el Hospital.

Por esto, insistió, en que se ejercerán todas las acciones judiciales pertinentes con el propósito que se conozcan los responsables de esos ilícitos y sean sometidos a la justicia.

En el caso de Carlos Jaller Raad llamó la atención sobre el hecho de que en las audiencias preliminares a los jueces Rafael Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado, así como el Fiscal Gustavo Orozco Pertuz, tras ser capturados, siempre estuvo atento a las mismas “lo cual es bastante llamativo”.

Recalcó que decisiones como las determinadas en todo este proceso “no se toman solas, porque detrás de ellas están personas que se favorecen”, y destacó que la investigación adelantada por la Fiscalía “es sólida y sustentada”, por lo cual le imputaron los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal a los tres funcionarios judiciales.

Igualmente cuestionó que el abogado que representa a los dos jueces capturados e imputados, sea el mismo que defiende los intereses de Carlos Jaller Raad en el proceso contra los Acosta Bendek, lo que podría configurar un claro conflicto de intereses que las autoridades competentes deben investigar.

También cuestionó la recurrente presentación de habeas corpus con lo cual se pretende la libertad de los tres capturados.

En este sentido, manifestó que la libertad para los tres “representa riesgo para la justicia, para la sociedad y para el mismo proceso”, agregando que esas decisiones “minan la administración de justicia y la confianza ciudadana”.

El cuarto habeas corpus fue presentado por Sdeelin Vanesa Camaño en representación del Juez Rafael Uribe Henríquez contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Galapa - Atlántico, el Juzgado 19 Penal Municipal de Garantías de Barranquilla y el Fiscal 90 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Fue admitido por el Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Orlando Jose Petro Vanderbilt.

Por su parte, el Rector de la Universidad Metropolitana, Juan José Acosta Osío se pronunció a través del siguiente comunicado:

1. La Universidad Metropolitana y algunos de los miembros de su Consejo Directivo, hemos sido víctimas de una operación criminal de la que, según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, han hecho parte el señor Gustavo Orozco Pertúz, Fiscal 56 Seccional de Barranquilla y los jueces de Barranquilla Alberto Oyaga Machado, Juez Primero Penal Municipal de garantías y Rafael Uribe Henríquez, Juez Trece penal municipal de garantías.

2. Acompañamos y apoyamos las imputaciones que se les han hecho a los mencionados procesados quienes fueron capturados el pasado 15 de diciembre de 2020, en el marco de una profunda y sustentada investigación liderada por el doctor Germán Arias Cortés, Fiscal 90 Anticorrupción Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

3. A los señores Orozco Pertúz, Uribe Enríquez y Oyaga Machado les fueron debidamente imputados varios delitos de prevaricato por acción y fraude procesal por adoptar decisiones manifiestamente contrarias a la ley en contra de la Universidad Metropolitana, del Hospital Universitario Metropolitano, y algunos de sus directivos, beneficiando a terceras personas que, a través de estas decisiones ilícitas pretendían quedarse en la dirección de dichas instituciones.

4. Con el sabido periodo vacacional de la Rama Judicial, en una maniobra evidentemente dilatoria, los abogados de los funcionarios judiciales imputados, recusaron al juez de control de garantías del municipio de Galapa, a quien le correspondía decidir  sobre su libertad mediante la imposición o no de una medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

5. La Universidad Metropolitana, a través de sus abogados y asesores jurídicos, advirtieron sobre el trasfondo oscuro y dilatorio de la recusación formulada por los abogados González Navarro y Hurtado, quienes evidentemente buscaban entorpecer la actividad de las autoridades judiciales en procura de la libertad de los imputados.

6. Entre el momento de la recusación al Juez Promiscuo del municipio de Galapa y la fecha en que se emite el presente comunicado, los abogados de Orozco Pertúz, Uribe Enríquez y Oyaga Machado, han presentado cuatro acciones de ‘Habeas Corpus’, la penúltima de ellas en la noche del 31 de diciembre faltando pocos minutos para la media noche.

7. En todas las oportunidades, el ‘Habeas Corpus’ ha sido denegado por ser claramente infundados, razón por la que los capturados, que debemos recalcar son nuestros victimarios, continúan privados de la libertad en un hotel de la ciudad de Barranquilla.

8. Denunciamos, así mismo, que desde su cómodo lugar de reclusión los señores Orozco Pertúz, Oyaga Machado y Uribe Henríquez, aprovechándose de las garantías brindadas por las autoridades judiciales continúan adelantando maniobras que ponen en grave riesgo la integridad de la investigación que se adelanta en su contra y nuestros derechos como víctimas en este proceso.

9. Rechazamos tajantemente el tono abiertamente intimidante que ha utilizado el señor Oyaga Machado frente a sus colegas de la judicatura, quien haciendo un uso irregular del teléfono  proporcionado por policía judicial y ordenado por el juez de garantías sólo para efectos de adelantar su defensa, ha contactado a otros jueces de la ciudad de Barranquilla, según se ha conocido en publicaciones de prensa de los chats sostenidos por ese individuo con sus colegas.

10. Ahora, con preocupación nos enteramos que en ese grupo de jueces de la ciudad de Barranquilla, que fue intimidantemente contactado por el señor Oyaga Machado, recaerá la enorme responsabilidad de decidir sobre la libertad de los imputados Orozco Pertuz, Oyaga Machado y Uribe Henríquez.

11. Insistimos en la convocatoria para que la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura, los colegios de abogados y demás centros de pensamiento, vigilen de cerca este proceso que amenaza la confianza en la administración de justicia de la ciudad de Barranquilla, pues involucra con solidez a tres de sus miembros de este circuito judicial.

12. Circula en distintos ámbitos una delicada información en el sentido de que los abogados de Orozco Pertuz, Oyaga Machado y Uribe Henríquez seguirán formulando indiscriminadas acciones de ‘Habeas Corpus’ hasta el momento en que una de ellas le sea asignada a un juez que mantiene amistad íntima con uno de los procesados. Rechazamos de manera tajante esa maniobra abiertamente corrupta y solicitamos que la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura tomen atenta nota del comportamiento observado por los abogados Antonio Luis González Navarro y Javier Enrique Hurtado Ramírez, para lo de su competencia.

13. Reclamamos una vez más que, en aras de la transparencia y con el fin de que nuestros derechos como víctimas sean respetados, el proceso goce de todas las garantías y que la audiencia sobre la imposición de medida de aseguramiento contra estos operadores judiciales pueda desarrollarse con tranquilidad, y sea ajena a las maniobras tramposas de las que hasta ahora hemos sido víctimas.

14. Finalmente, ratificamos nuestra confianza en las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. Hemos esperado paciente y silenciosamente con la expectativa de que las decisiones judiciales sean las encargadas de develar ante la opinión pública lo que ha ocurrido en este caso. Como claustro académico, hemos demandado y seguiremos demandando que todos los implicados en el saqueo de nuestra Universidad sean puestos a disposición de la justicia. Hoy, los procesados son unos miembros de la Rama Judicial que beneficiaron a terceras personas, pero tenemos la certeza de que en el futuro inmediato los determinadores de este crimen recibirán la sanción que les corresponde.

Barranquilla, enero 4 de 2021